La aparición del COVID-19, o como se le conoce vulgarmente, Coronavirus y su propagación ha sido tan rápida que aún nos estamos preguntando muchas cosas, desde cuál es su origen hasta cómo podemos combatirlo desde un punto de vista médico, pero también social.
La situación preocupa en gran parte a las pymes, cuyo músculo financiero podría no aguantar la crisis. El Gobierno ha hablado de medidas de rescate para las empresas, pero no se ha dicho mucho sobre los proveedores del sector público. En este artículo analizamos los escenarios.
Efecto del COVID-19 sobre la economía de España
Evidentemente, los estragos que ha causado este virus en todo el mundo son muy grandes y el impacto negativo en la economía se asume irremediable. Los Gobiernos de los países más afectados, entre los que está España, están tomando medidas para paliar y minimizar el impacto que el parón en la actividad productiva e industrial va a tener sobre el empleo, el consumo y la inversión.
A nivel macroeconómico, el Producto Interior Bruto (PIB) de un país es la suma del Consumo, Inversión, balance neto de las exportaciones y del Gasto Público. Es de esperar que, una vez controlada la emergencia sanitaria y recuperada cierta normalidad en la actividad económica, las caídas en el Consumo y la Inversión se intenten “compensar” con un aumento sin precedentes del Gasto Público, como ya ha ocurrido en otras épocas de la historia reciente.
El frenazo económico que están sufriendo las principales economías del mundo no tiene precedentes en la historia reciente, debido a lo repentino del parón.
Por todo ello, podemos esperar que el aumento del Gasto Público lleve aparejado un crecimiento de sectores que habitualmente han servido como palanca de la actividad económica, como la construcción y que, por la circularidad de la economía, impacten positivamente sobre el resto de los sectores económicos.
Proveedores actuales y futuros
Nos gustaría profundizar en cómo afecta el COVID-19 a los proveedores de la Administración Pública, desde dos puntos de vista: por un lado, a los proveedores actuales, y por otro, a los proveedores futuros.
Sobre los proveedores actuales, hay que partir de la base de que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se establece que la Administración debe pagar como máximo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o entrega de los productos y que deberá aprobar las certificaciones de obra, equivalentes o la prestación de servicios dentro de los 30 días siguientes a la entrega o prestación. Por todo ello, el plazo de pago de la Administración es como máximo de 60 días.
En todo caso, es habitual encontrarnos con multitud de entes cuyos plazos de pago se alargan por encima de lo establecido en la Ley 9/2017 y muchos otros casos en los que, incluso cumpliéndose los plazos de pago marcados por la normativa, los proveedores de la administración necesitan hacer líquidas sus facturas para hacer frente a sus obligaciones.
Es más que probable que los plazos de pago de la Administración Pública se amplíen, motivados por dos efectos.
El primero de ellos depende de cómo la capacidad de teletrabajar de los empleados públicos pueda afectar a los plazos de tramitación y pago de las administraciones. Aunque se están haciendo importantes esfuerzos para facilitar el teletrabajo por la Administración Pública, la operativa habitual de pagos e incluso cobros por parte de los entes públicos se verá afectada.
Por otro lado, y aunque lo adelantábamos en el párrafo anterior, la operativa de cobros se verá seriamente perjudicada. La recaudación bajará o se retrasará motivada por la carencia de personal y fundamentalmente por las medidas que adopten las administraciones para flexibilizar el pago de tributos y obligaciones. Hasta ahora el Gobierno ha hecho algunos anuncios tendentes a ello, pero hasta la fecha, apenas hay medidas concretas.
Respecto a los proveedores futuros, es de esperar que el Gasto Público aumente incluso por encima de los límites que marca la Unión Europea. El primer caso en la historia reciente, aunque las circunstancias eran bien distintas, se produjo con el Plan Marshall (European Recovery Program, 1948) y en España, y en un contexto de crisis económica, tuvimos la experiencia del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (el Plan E).
Los efectos de este tipo de planes en muchos casos resultan controvertidos, pero cabe esperar que se tomen medidas de envergadura en lo que al gasto público se refiere. A partir de ese momento, hay que ver qué impacto produce en la economía y cuál es la contrapartida recaudatoria. En todo caso, estas medidas implican aumentos del déficit público y por tanto parece muy poco probable que, en un contexto económico de crisis, los organismos públicos puedas hacer frente a los plazos de pago que marca la Ley 9/2017.
¿Qué pueden hacer los proveedores del sector público para conseguir liquidez?
Ante esta situación, la actual y la futura, los proveedores de la Administración Pública tendrán que hacer verdaderos esfuerzos por gestionar de manera eficiente la liquidez. Es cierto, y ya hemos comentado previamente, que se tomarán medidas destinadas a flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de particulares, PYMES y autónomos. También se habla de dotar de liquidez a las PYMES mediante programas patrocinados por el ICO.
En todo caso, desde BORROX entendemos que la manera más sencilla de que los proveedores de la Administración Pública puedan obtener liquidez, es mediante el descuento de sus facturas o certificaciones con la Administración.
BORROX proporciona liquidez mediante el descuento de las facturas de Administración Pública con un proceso ágil, transparente y 100% online, convirtiéndose en una de las principales herramientas con las que cuentan los proveedores de la administración pública. BORROX realiza un estudio de la solicitud sin costes de estudio y ofrece un único precio, transparente y sin costes ocultos.
Buena muestra de la especialización que tiene BORROX en la financiación de facturas con todo tipo de entes públicos, lo demuestra el lanzamiento en mayo de 2019, de un Fondo junto con EBN Banco. EBN Zepa Sector Público 1, F.T. es un Fondo de Titulización inscrito en la CNMV y especializado en la adquisición de facturas cuyos deudores tengan la consideración de entes públicos y las condiciones más favorables del mercado.
Hay que recordar que la financiación no bancaria, como la que ofrece BORROX, no consume CIRBE y por tanto no computa como endeudamiento para sus solicitantes, por lo que cuenta con esa gran ventaja con respecto a otras opciones como puedan ser préstamos bancarios, aun contando estos con el apoyo gubernamental a través del ICO.