Financiación del sector público.
El sector público está conformado por las administraciones, organismos y empresas públicas que son de titularidad estatal. Es decir, es el ámbito de la economía que controlan directamente los poderes públicos.
Este sector posee diferentes fuentes de financiación. Principalmente provienen de los recursos ordinarios que se efectúan a través de la recaudación ordinaria y tributaria por los ingresos corrientes, pero existen otras tres fuentes de financiación por la que las entidades públicas logran financiarse a lo largo del año. En primer lugar, están los recursos que consigue el sector público por medio de entidades oficiales de crédito. Estos son distribuidos desde el gobierno nacional a todos los gobiernos regionales y locales. La segunda fuente de financiación, está compuesta por donaciones y transferencias que efectúan desde instituciones y organismos internacionales hacia España. En tercer y último lugar, la forma de autofinanciación a la que más recurre el sector público. El aplazamiento de pago a sus proveedores.
Esta última forma de autofinanciarse, presenta problema para muchos de sus proveedores, quienes en su gran mayoría son Pymes y autónomos, a quienes no les resulta fácil hacer frente a sus propios pagos. Las administraciones públicas tienen como periodo legal máximo de pago de 30 días, aunque en algunos casos no suele cumplirse. Los plazos de pago suelen ser extremadamente largos llegando a rondar de 60 a 120 días.
Por tanto, son estas pequeñas empresas quienes se ven afectadas por la forma de autofinanciarse del sector público. Estos plazos de pago afectan a la liquidez necesaria de las empresas para poder afrontar los pagos a corto plazo. Para ello, BORROX, a través de la financiación de descuento de facturas (Factoring), permite a los empresarios y autónomos obtener liquidez en sus empresas de una forma rápida y ágil, acortando los tiempos de cobro. Puesto que no formalizamos las cesiones en notaría y toda la operativa del descuento de facturas se hace online, esto permite obtener ahorros en los costes, y un mayor circulante en las empresas para que puedan afrontar sus deudas y evitar la morosidad frente a proveedores y otras entidades.
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